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Escrito por:

Valeria Berrocal Anrique
_{País: Chile 🇨🇱}

Durante muchos años los profesionales de la educación hemos analizado la convivencia escolar como si fuera un fenómeno interno al establecimiento. Protocolos, reglamentos, sanciones, mediaciones o expulsiones. Todas son necesarias. Pero, si lo analizamos desde la perspectiva territorial, viendo donde se encuentra inserto el colegio, donde viven nuestros alumnos, se vuelve una mirada claramente insuficiente.

He trabajado en escuelas que hoy en día están atravesadas por los fenómenos de migración forzada, campamentos, precariedad habitacional, economías informales, miedo comunitario, entre otros factores de riesgo psicosocial. Esa realidad no se queda solo en la calle. Entra cada mañana con los estudiantes, cruzando las puertas de la escuela. Se sienta en la sala de clases.

Aparece en el recreo, cuando un estudiante responde con agresividad.
Y ahí nos damos cuenta de que no siempre estamos frente a un problema disciplinario aislado: a veces estamos frente a una biografía que está marcada por inseguridad y desarraigo. Comprender esta realidad no significa justificar la violencia, significa que debemos intervenir con mayor profundidad.

Ante estos contextos sociales vulnerables, la autoridad pedagógica adquiere otra densidad. No se trata de imponer un control estructurado y rígido, pero tampoco de renunciar a los límites.
Del tiempo que he ejercido la docencia, he aprendido que el establecer límites es una forma de cuidado. Decir “hasta aquí” protege a la comunidad educativa; pero también al estudiante agresor que necesita estructura. La ausencia de normas o de protocolos no es inclusión; es abandono simbólico de los estudiantes.

No obstante ello, se observa que la autoridad hoy en día se encuentra tensionada. Se exige a la gestión educativa firmeza ante las situaciones violentas, pero también contención absoluta. Se demanda disciplina inmediata ante problemáticas de convivencia escolar, pero sin generar incomodidad. Se responsabiliza a la escuela por procesos que exceden ampliamente su capacidad institucional.

La pregunta entonces no es si debemos ejercer autoridad; es cómo hacerlo sin reproducir lógicas punitivas que expulsan definitivamente del sistema a quienes más necesitan sostén y arraigo.

En territorios complejos, ejercer autoridad es un acto empático y profundamente humano, que busca acompañar y comprender a las personas que están involucradas; además de ser, en cierto sentido, político; ya que supone tomar decisiones asociadas al poder, las normas, la inclusión y la justicia educativa, siempre desde la perspectiva del cuidado y el reconocimiento.

Existe a nivel general una narrativa muy peligrosa: la idea de que la escuela, con suficiente vocación, voluntad y compromiso, puede resolver cualquier fractura social que afecte a los estudiantes. Ese mito desgasta a quienes trabajan en ella; pues se termina culpando y responsabilizando al docente cuando los resultados no son inmediatos.

Es verdad que la escuela puede contener, orientar, formar y prevenir. Puede construir vínculos significativos con los estudiantes que alteren sus trayectorias positivamente. Pero no puede ni debe reemplazar políticas públicas ausentes ni resolver desigualdades estructurales por sí sola.

Desde esta perspectiva, cuando la convivencia se aborda únicamente desde la lógica de las sanciones o desde la presión por obtener resultados, se invisibiliza el trabajo invisible: el sostener emocionalmente, escuchar, mediar, reconstruir confianza desde el respeto, con una autoridad presente y límites claros. Y con ello también se invisibiliza el desgaste que sufren quienes sostienen la escuela: Los profesores. La carga administrativa creciente, la burocracia que fragmenta el tiempo pedagógico y la exigencia constante de evidencias generan un escenario paradójico: pedimos vocación, empatía y humanidad, pero administramos desde la desconfianza.

Decir entonces que la escuela es la última frontera no solo una frase para romantizarla. Es reconocer su centralidad y su importancia en ciertos territorios donde otras instituciones han
perdido presencia o legitimidad.

Pero debemos entender que ninguna frontera puede sostenerse en soledad.
Si realmente creemos que la convivencia escolar es prevención social, entonces necesitamos trabajar en fortalecer equipos de apoyo, redes intersectoriales y liderazgo directivo preparado
para contextos altamente complejos. Necesitamos comprender que no todas las escuelas parten del mismo punto, de las mismas realidades; por lo que exigir resultados homogéneos en escenarios profundamente desiguales perpetúa la inequidad.

La autoridad pedagógica en las escuelas no puede ser caricaturizada como extrema dureza ni diluida en excesiva permisividad. Debe reconstruirse como referencia ética y afectiva. Como coherencia. Como límite que cuida, tanto a la comunidad afectada como al estudiante agresor.
La escuela puede seguir siendo un espacio de transformación, pero para ello debemos dejar de mirarla como el único dique de contención; la única responsable de una realidad vulnerable, y comenzar a pensarla como parte de un entramado social que necesita fortalecerse para generar un cambio real para los estudiantes.

Tal vez la pregunta, entonces, no sea cómo endurecer las normas ni cómo flexibilizarlas indefinidamente. Tal vez la pregunta sea otra: ¿Qué condiciones estructurales necesitamos
construir para que la autoridad educativa vuelva a ser legitimada, acompañada y compartida?

Porque cuando la escuela queda sola frente a la fractura territorial, no solo se tensiona la convivencia. Se tensiona la promesa misma de la educación: que las personas puedan
desarrollarse, comprender el mundo y ampliar sus posibilidades de vida. Porque, al final, no se trata solo de aprender contenidos, sino de formar personas que sean capaces de pensar, convivir y proyectarse con libertad y dignidad.